7 de febrero de 2017

¿Qué hacemos con los Agentes Forestales?


Durante años los Agentes Forestales han pululado por el panorama policial español como una policía de segunda categoría, en el mejor de los casos. Atendiendo a su dependencia orgánica en muchas de las Comunidades, se les ha tenido como serviles colaboradores que prestaban apoyo al ingeniero de montes sin entender la responsabilidad que generaban sus competencias, potestades y funciones policiales.
Atendiendo a la fortaleza institucional de aquellos que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desempeñan funciones de protección de la naturaleza la visión no ha sido ni es muy distinta. Por desconocimiento, tal vez, por no darle al medio ambiente la importancia que realmente tiene, quizás, por interés corporativo, seguramente, desde determinado ámbito se ha venido despreciando la labor desempeñada por los agentes forestales. Llegado el momento y advertidas las capacidades de estos, entendieron acertado diseñar una estrategia operativa en la que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad apareciera como definitoria de la calidad policial, incluso exclusiva de esa calidad. Así, y con el apoyo de la casi totalidad de instituciones, se han venido sucediendo hechos de variable consideración, ya fueran normativos, formativos u operativos, en los que se ha puesto de manifiesto esa voluntad.


Las Comunidades Autónomas, responsables de la gestión de los colectivos de agentes forestales, han evidenciado cierto malestar a la hora de desarrollar las competencias y funciones de estos. Han prestado escaso apoyo a los intereses de este colectivo por ejercer con eficacia las funciones policiales que tienen encomendadas. El medio ambiente se ha situado, en muchas ocasiones, en medio o en contra de “intereses generales” sin entender que ese medio ambiente es el primer interés general que hay que tener.
No ha existido Comunidad Autónoma con un planteamiento claro profesional de seguridad medioambiental ni ha habido Administración que haya considerado adecuado estudiar las funciones de sus agentes forestales y emitir inmediatamente señales de operatividad en torno a los medios que debían utilizar para llevarlas a efecto.
Con esos ingredientes, lo más probable es que el colectivo de agentes forestales, transcurridos 35 años desde el traspaso de competencias y personal a las Comunidades Autónomas, hubiera desaparecido o fuera carne de extinción. Sin embargo la situación es bien distinta, aunque es cierto también que algunos de los nuestros han utilizado esa dejadez en la exigencia para adornar la profesión con florituras olvidando la verdadera raíz de la que procede y sus propias funciones.
El medio natural ha tenido un impulso extraordinario respecto al uso y disfrute por parte de los ciudadanos. A los aprovechamientos tradicionales se les han unido multitud de actividades que se desarrollan diariamente y que inciden directa o indirectamente en su conservación. La protección medioambiental es hoy en día una actividad en auge, en continuo crecimiento. El concepto de seguridad ciudadana se abre ya más allá de lo urbano y se sitúa también en el medio natural y allí se confunden los términos relacionados con la seguridad.
Los agentes forestales que se han implicado en su trabajo y funciones a pesar de las cortapisas mencionadas han venido representando el primer mecanismo de prevención en ese medio natural y se han enfrentado a infracciones y delitos sin medios de defensa jurídicos y personales adecuados. Por un lado mantenían y mantienen las exigencias que marcan sus potestades y funciones que delimitan un abanico extenso de responsabilidades, por el otro han venido observando como nadie apoyaba institucionalmente tal responsabilidad. No hacía falta ser adivino para entender que ese ejercicio responsable sin defensa alguna derivaría en amenazas, agresiones, atentados e incluso asesinatos. Los hechos están ahí.
Hoy, todos o algunos de aquellos que tienen responsabilidad en la gestión de los agentes forestales, se viene haciendo una pregunta. Hoy, ante nuestra insistencia, ante los hechos consumados tan duros e incontrovertibles, esos responsables se miran y dicen: ¿qué hacemos con los agentes forestales?
Y se les ocurren cosas, y cuanto más las piensan más desgana les entra y así podrían volver a estar otros 35 años. Pero no puede ser. Algo hay que hacer.
Así, escuchada la parte principal y escuchadas las partes interesadas, de las que hemos mencionado ya a todas en este escrito, no son capaces de disponer algo serio, eficaz. No lo son, porque la parte principal, los agentes forestales, únicamente entiende por lógico realizar su trabajo en las condiciones más óptimas de seguridad, reconociendo que el riesgo inherente a la profesión no puede evitarse en un cien por cien. Esta lógica exige un planteamiento definitivo que establezca a los agentes forestales como lo que son, una policía especializada en medio ambiente que se enfrenta a situaciones reales de peligro.
Por el otro lado, las partes interesadas solo entienden que sus intereses pueden verse perjudicados. No parecen querer ver, unos, que su profesión es una y la nuestra otra y que existen posibilidades de colaboración cuando ambas profesiones confluyen en un aspecto determinado que puede y debe desarrollarse pero que está lejos del desempeño policial que representamos y que ellos no comprenden ni ejercen.
En el otro caso, desempeñando las mismas funciones, nos encontramos colectivos con dependencia institucional distinta que bien podrían colaborar cuando coincidan situaciones e intereses pero en ningún caso se puede organizar un entramado policial despreciando la capacidad de los que tienen más cantidad ni rechazando la calidad de los que poseen más conocimiento medioambiental. Es cierto, sin embargo que en la balanza el rasgo policial está también desnivelado aunque en el otro sentido. El interés corporativo no se puede imponer al interés general, no hace falta escribir más sobre este axioma.


¿Qué hacemos con los Agentes Forestales?
  1. Una Ley de Policía Administrativa
Esta idea se le ha escapado ya a más de un político y recogería a aquellos colectivos que hoy en día están fuera de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En sí, la idea tiene un fin inicial. Mantener cierta desigualdad en el desempeño de funciones policiales y tejer un espacio entre esta o cualquier otra ley semejante y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
De observar en la Ley de Policía Administrativa, a sus integrantes, atribuciones semejantes a la que la Ley de FFCCSS otorga a los suyos nos preguntaríamos de inmediato el porqué de la diferenciación y entenderíamos innecesaria esa nueva norma.
Si lo que se pretende es acortar las funciones de unos y dejar cerrado el mercado del delito a otros, la medida parece mal ejecutada. Establecer una línea gruesa por capricho donde la raya es difusa no tiene sentido operativo ni práctico. Disponer servicios policiales y detenerlos cuando y cuanto más importantes son, para que la ejecución y el desarrollo de la operación la hagan otros es desmantelar el sentido común, los medios y el dinero de los contribuyentes.
  1. Modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Al hilo de lo hablado en el primer punto parece una opción más razonable. La modificación de la Ley 2/86 que se viene pidiendo desde tantos puntos y tantos intereses es una oportunidad para que se integren en ella policías que hoy representan especializaciones determinadas pero que no dejan, por ello, de ejercer como tales.
Los argumentos contrarios a esta posibilidad caen por su propio peso y no observamos ningún rasgo legal que pueda ir en contra. Habría que recolocar jurídicamente alguna pieza relativa a los Estatutos de Autonomía, posiblemente, pero el interés general promovería esa voluntad política.
  1. Ley Básica estatal de la policía medioambiental (Agentes Forestales)
Perfectamente compatible con las medidas anteriores, atendería a la especialización y a la idiosincrasia peculiar de la policía medioambiental representada por los agentes forestales.
Trataría básicamente de ordenar el popurrí estatal de situaciones que contempla al colectivo de agentes forestales. Desde el plano jurídico hasta la imagen y uniformidad, es conveniente y necesaria una norma que homogeneíce a los agentes de todo el estado español dejando, evidentemente, lugar al desarrollo posterior por parte de las Comunidades Autónomas.
  1. Integración en otros Cuerpos policiales.
Otra posibilidad que, evidentemente, se le ha ocurrido a algún responsable político y que se utiliza como argumento del miedo a favor del punto 5 enunciado a continuación.
Nadie está a salvo de nada profesionalmente. En primer lugar aquel que no hace nada y se esconde en la maraña de la irresponsabilidad gestora actual. Bien podría ocurrir que un día sufriera el cambio más radical posible y tuviera que trabajar.
Contestado ese primer caso, que sucede desgraciadamente, debemos decir que existen posibilidades en algunas Comunidades de que esto pudiera ocurrir y no existe práctica posibilidad alguna de que suceda en otras. Allá donde los Estatutos de Autonomía establezcan una policía propia bien podrían articularse mecanismos para integrar a la policía medioambiental en ella. Tendrán que actuar en consecuencia y dar su opinión los compañeros que pudieran verse afectados por semejante situación.
En cualquiera de los casos, esta posibilidad está abierta siempre, hoy y mañana. La oportunidad de que los agentes forestales tengamos ley básica propia y entremos en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como policía especializada en medio ambiente supondría, contrariamente a lo que creen algunos, un margen de individualidad evidente, definitivo. Sería el impulso necesario a una policía medioambiental especializada en el estado de la Unión Europea más importante a nivel de medio ambiente.
  1. Dejar las cosas como están.
Se propone aquí esta posibilidad no porque la exijan quienes escriben y sí porque se ha oído en diferentes ámbitos. El argumentario en su contra es tan extenso, y algo ya se ha escrito aquí, que poco tiempo vamos a perder en ello. Sin embargo, si es conveniente establecer la necesidad de que aquellos que defienden, para una profesión policial, semejante propósito están defendiendo básicamente la modificación de la profesión y eso ya merecería otro escrito que jamás escribiremos nosotros.