17 de octubre de 2015

LO QUE SIGNIFICA UNA LEY BÁSICA ESTATAL DE AGENTES FORESTALES

Tenemos un colectivo en el que apenas existen los debates y donde, por el contrario, aparecen los enfrentamientos de ideas. En cuanto unos proponen, otros saltan a extremar las cualidades de la oferta, pero por lo bajo. Inmediatamente estimulan, además, otras posibilidades extremándolas también pero en el sentido contrario.
Cuando se ha propuesto como idea incluir a los Agentes Forestales en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, inquietudes contrarias avanzan el apocalipsis. Después, tras análisis más sosegados y tranquilos obligados por los argumentos contrarios, únicamente encuentran como alternativa que excluya aquella pretensión el impulso y la consecución de una Ley Básica estatal de Agentes Forestales.
 
Se trata pues de enfrentar dos soluciones que curiosamente son absolutamente compatibles, tanto, que en el fondo vienen a significar lo mismo. En un caso dar un paso implicaría allanar el camino y obligar a dar inmediatamente el otro. En el segundo caso, se darían los dos pasos a la vez.
Desde hace ya unos cuantos años AEAFMA viene madurando la necesidad de incorporar a los Agentes Forestales a la primera línea de desempeño de su propia profesión. En su momento se admitieron como válidas ambas posibilidades, la ley básica estatal o la incorporación directa a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las grandes organizaciones sindicales han optado, sin embargo, únicamente por una de las vías, la de la Ley estatal.
El camino a recorrer en cualquiera de los casos se antoja complicado y es la propia experiencia la que nos lo dicta como tal. Hasta la fecha tres partidos políticos han presentado sendas Proposiciones No de Ley que implicaban peticiones al Congreso de los Diputados en torno a los condicionantes que nos preocupan y a las posibilidades y potencialidades que atesoramos. Este primer paso, de haberse aprobado, podría haber iniciado posteriormente un camino normativo hacia esa Ley Básica Estatal.
En el año 2013 el grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentó en el Congreso de los Diputados la primera Proposición No de Ley. Después de ensalzar nuestra labor en la exposición de motivos y significar como se proponen las competencias medioambientales, después de significar nuestras funciones policiales y potestades jurídicas y entender que nuestra cobertura legal no es la adecuada, después de evidenciar la diversidad de competencias y funcionamiento según Comunidades y después de expresar la distinta cobertura legal con respecto a las FFCCSS realizando, sin embargo, las mismas labores, terminaron por comprender que el medio ambiente en general y el monte, en particular, necesitaban de unos Agentes Forestales con cobertura legislativa y jurídica más apropiada.
Así, UPyD instó al gobierno de la nación a elaborar una Ley Básica que regulara competencias, atribuciones y demás características comunes de los Agentes Forestales de las distintas Administraciones, entre las que se reconozca, decía textualmente, respete y potencie su condición de Agentes de la Autoridad y sus funciones de policía administrativa y judicial ambiental y sus funciones de emergencias.
Pretendía también del gobierno de la nación, la suficiente coordinación con el resto de Administraciones para crear un marco jurídico homogéneo para todos los Agentes del estado español, con criterios esenciales de organización y funcionamiento que fueran independientes a esas administraciones, es decir, iguales para todos.
Unos meses más tarde se presentó una nueva Proposición No de Ley porque aquella primera no se aprobó. En esta ocasión el protagonismo recayó en la Izquierda Plural. Se pretendía crear una Ley Básica estatal de Agentes Forestales.
Aquí el planteamiento inicial variaba algo y se exponían de inicio, como motivación, datos de la Organización Mundial de la Salud relacionados con el deterioro del medio ambiente y su impacto en las personas. Así, se entendía que los ciudadanos tenían derecho a que el estado y comunidades garantizaran un medio ambiente saludable.
Para conseguirlo, establecía la Izquierda Plural, se precisaba de una Policía Medioambiental amparada por una legislación básica estatal, homogéneamente identificada, bien formada y dotada de medios y en número suficiente como para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional de proteger los valores de España. Así tal cual lo transcribían IU, ICV-EUiA, CHA, es decir la Izquierda Plural.
Iba aún más allá, explicando como en muchos de los países de la UE los funcionarios encargados de la vigilancia y protección medioambiental estaban regulados por la legislación del resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Ciudadana y pedía como necesario un marco normativo que desarrollara y aclarara las competencias y facultades de los Agentes Forestales en coordinación con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La Proposición propiamente dicha establecía puntos ya conocidos que volvemos a reiterar. Que se regularan de forma homogénea las atribuciones de los Agentes Forestales en el desempeño de la función de policía forestal, con el consiguiente sustento jurídico de sus funciones coercitivas en la protección del medio ambiente. Que se trabajara en parejas, que se nos formara adecuadamente, que se nos integrara en el 112, que se creara una unidad de investigación de delitos ambientales adscrita a la Fiscalía y se garantizara nuestra prestación como policía judicial.
Desgraciadamente de nuevo, el Congreso de los Diputados votó en contra y por tanto, tanta preocupación, tanta verdad escrita, se perdió. Pero de nuevo, otra vez, aparece una Proposición No de Ley, en este caso presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Era abril de 2014.
En este caso la exposición de motivos abundaba en hechos ya comentados. La necesidad de contar con los colectivos de Agentes Forestales, la constitución por estos de una policía ambiental de naturaleza mixta, administrativa y judicial. Posteriormente se hace un repaso por la historia más reciente de nuestro colectivo para definir una situación importante, aquella que determina la configuración heterogénea de los Agentes Forestales, estableciéndonos unas veces como funcionarios estrictamente forestales y otras pasando a integrar una policía ambiental más amplia. Así lo dice. En unas comunidades se crearon Cuerpos especiales para el fin policial y en otras se adscribieron dichos Agentes a escalas de otros Cuerpos no específicos.
Se reconoce con mucha expresividad nuestra función como policía judicial y se encomienda en este caso al MAGRAMA a que proponga las reformas legales oportunas a las distintas administraciones para equiparar las competencias de los Agentes. Y lo hace y dice expresamente para las funciones esenciales que como funcionarios dotados de carácter de agente de la autoridad y habilitados legalmente para el ejercicio de las funciones de policía judicial genérica realizan en auxilio de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal.
Termina la exposición inicial desentrañando algunos de los cabos sueltos que perduran en nuestra profesión en referencia a portar armas de fuego en el ejercicio de funciones que entrañen riesgo o peligrosidad o en el uso de prioritarios policiales. Establece como imprescindible portar medios de defensa y entiende que ese tratamiento debe ser claramente diferente al que se le da a vigilantes de seguridad de la empresa privada.
La Proposición No de Ley pide mantener nuestro carácter de policía judicial, equiparar las funciones en todo el estado español, integrarnos en el 112, el uso de rotativos policiales y la modificación del Reglamento de Armas para el uso de armas por parte de los Agentes Forestales.
El Congreso de los Diputados votó no a esta última Proposición No de Ley. Los debates de las tres sesiones fueron semejantes y los partidos políticos que votaron en contra ya son de todos conocidos, ya fuera en alguna ocasión o en todas.
En cualquier caso, del estudio de esos debates y de las propias proposiciones, y del análisis de nuestros enfrentamientos se pueden sacar muchas dudas y escasas conclusiones.
Existe un enorme distanciamiento, a nuestro entender, entre lo que se pide y lo que se quiere. Existe una gran desconocimiento entre lo que se pide y lo que podría ocurrir si se consigue. Y de todo ello, y con esas lagunas evidentes es de donde se gesta el caldo de cultivo permanente que nos enfrenta.
Aquel que tenga curiosidad y que tenga preocupación por la profesión que ejerce, aquel que se propone en redes sociales o que se lanza a discutir sobre estos asuntos, que lea detenidamente todo lo relacionado con las tres proposiciones mencionadas. Si quiere entretenerse más, que lea cuanto se ha escrito sobre ellas por parte de representantes de asociaciones y sindicatos, que estudie cuidadosamente cada palabra y determinará posteriormente que lo que aquí ocurre no hay quien lo entienda.
No sabe uno a qué atenerse cuando se critica abiertamente determinadas posiciones, cuando se insulta a quien las defiende y se le propone de extremista. Lean, estudien y luego entren al debate si es que les interesa.
Una Ley Básica de Agentes Forestales en el Estado español es complicada de sacar. Este sería el primer punto tan básico como la propia Ley. Pero el primer mandamiento a seguir para conseguir algo es entender que es posible así que obviaremos la dificultad del asunto.
Una Ley Básica Estatal de Agentes Forestales debería poner de acuerdo a organizaciones políticas que hoy están en las antípodas. Los argumentos especialmente válidos de los grupos catalanes ante las Proposiciones presentadas fueron de Perogrullo. Ellos ya tienen lo que se pretende con esa Ley Básica, para qué quieren más o porqué ha de interesarles firmar algo que los demás bien pueden hacer en sus propias Comunidades sin necesidad de acudir al Estado.
Una Ley Básica Estatal se establece al principio y al final sobre coordenadas claramente policiales. No sobre ninguna otra, por si hay dudas.
Una Ley Básica obligaría a la formación de Cuerpos independientes en cada una de las Administraciones existentes. Cuerpos policiales. Porque la homogeneidad se daría desde ese punto y porque la necesidad de su existencia estaría basada en la capacidad policial, en las potestades existentes y, evidentemente, en su desempeño.
Una Ley Básica daría cierta libertad a cada una de esas Administraciones para la formación de esos Cuerpos policiales medioambientales. De tal forma que algunas de ellas poco tendrían que hacer salvo adaptar, tal vez, símbolos, uniformes y denominación. Pero otras tendrían que estructurarlo todo desde cero.
Y si ya era problemático cuanto se había dicho, este último párrafo admite numerosas interpretaciones y variadas posibilidades. Bien podría, por lógica así lo parece, formar una Comunidad su Cuerpo de Policía Medioambiental a través de sus escalas de Agentes Forestales ¿Querría la Comunidad?¿Querrían los Agentes?
La Ley Básica no puede obligar a determinada Comunidad a realizar el proceso con parámetros comunes. Podría proponerlo pero poco más ¿Podría esa Comunidad si está interesada en promover Cuerpo semejante obviar a los Agentes Forestales actuales? Dependería de ellos ¿Podría darse el caso de que unos sí y otros no? Dependería de ellos.
El asunto que hoy tratamos tiene importancia mayúscula y tal vez por eso muchos de los nuestros no quieren ni oír hablar de ello, menos aún leerlo. Pero es necesario no olvidar que además de ejercer esta profesión somos garantes de su desarrollo y de su existencia.
Hoy, en el año 2015 se suceden situaciones que no hace falta estudiar con mucho detalle para comprender lo que pueden significar y hacia dónde pueden llevar a nuestra profesión. La Unión Europea ha marcado un camino único que impide el desarrollo profesional en lo público de numerosas funciones y sin embargo, por oposición, mantiene las posibilidades de otras.

Hoy, en el año 2015, Cuerpos de funcionarios se lanzan sobre nuestras competencias ávidos de poseerlas y la única forma de hacerles frente es entender lo que somos, comprenderlo y oponer nuestro orgullo profesional a esas pretensiones.
Hoy, a pesar de las dificultades enunciadas, aún estamos a tiempo de desarrollar una seguridad medioambiental en la que seamos evidentes protagonistas. Cualquier tipo de desarrollo que se proponga, lo haga quien lo haga, sólo y únicamente pasa por nuestro carácter policial. Ahí quedan las tres proposiciones presentadas. Léanlas.  
Nada de esto tiene que ver con planteamientos políticos, ni sindicales, ni asociativos. Todos los enfrentamientos que encontréis son interesados. Sólo hay un camino y la pregunta es clara, ¿se coge o no? Aquellos que meten miedo, aquellos que generan las dudas, única y precisamente demuestran eso, dudas y miedo. Quieren quedarse como están, disfrutar de los últimos estertores de una profesión que puede desaparecer en la próxima generación porque así lo desean, por puro desconocimiento.  
Una ley Básica Estatal no difiere en nada de un capítulo propio en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Significará lo mismo. Exactamente lo mismo. Elijan ustedes si quieren un paso o dos. Piensen ustedes qué será más fácil aún sabiendo que ambas son difíciles.
No nos hemos inventado nada, las Proposiciones No de Ley no mienten. Amparadas e incluso defendidas algunas de ellas por aquellos que critican los impulsos policiales que pretendemos otros, no vienen a decir sino aquello que venimos defendiendo desde UNPOLF desde hace algunos años. Únicamente se trata de ser consecuentes, de decir siempre lo mismo, de explicar a cada compañero lo que hay y de debatir la situación para finalizarla votando. No es una decisión fácil para algunos, lo entendemos, pero eso no hace que nosotros seamos extremistas.

La pregunta es pues ¿desarrollarnos o no? Para ello debemos saber todos que ese desarrollo será a través de lo policial. No puede ser de otra forma. Sea mediante una Ley Básica o la Ley de FFCCSS es indiferente cuando la primera abocaría a la segunda y, sobre todo, cuando no somos capaces siquiera de contestar a la pregunta mencionada.
Cuando lo único que se pretende pidiendo una Ley Básica Estatal es contentar a la afiliación, apaciguarla frente a las opiniones de otros, y hacerlo con la creencia de la rebaja de demanda, no se sabe en realidad lo que se está pidiendo. Una Ley Básica significa mucho más de lo que algunos creen. Sus consecuencias, por evidentes son contrarias a lo pretendido por esos demandantes. Una Ley Básica determinará tres o cuatro puntos vitales que aplicados como tales implicarán cambios trascendentales. Significará a la larga y en cualquiera de los casos tres opciones sobre las que se podrá disponer nuestro futuro: O todos los Agentes pasan a ese nuevo sistema policial, o se crea a partir de la nada o existe una partición según elección del Agente (al Cuerpo policial medioambiental con posibilidades de generar otras funciones o a un Cuerpo a extinguir de auxilio técnico). Explíquese claramente esta más que posible situación cuando se hable alegremente de una futura Ley Básica. Y explíquese también lo que puede ocurrir si seguimos en el limbo jurídico actual, sobre todo aquellos compañeros que no disponen de Ley propia en sus Comunidades.

En UNPOLF elegimos desarrollarnos, crecer como Cuerpos policiales medioambientales con posibilidad de realizar otras funciones y lo hacemos sin atadura alguna. Es el primer paso para conseguirlo.