20 de julio de 2015

NUEVA LEY DE MONTES,LA MISMA #POLICÍAMEDIOAMBIENTAL: AGENTES FORESTALES

La Ley de Montes ya está aprobada. Y parece ser que aún no se entiende lo que dice, lo que significa, lo que ha pasado y lo que queda por hacer.

Empecemos por aclarar lo que dice respecto a dos asuntos que siguen generando polémica:

En el ejercicio de sus funciones como Policía Judicial genérica se limitarán a efectuar las primeras diligencias de prevención, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de la Policía Judicial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Leamos ahora el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Artículo 284.
Inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la Autoridad judicial o al representante del Ministerio fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso lo harán así que las hubieren terminado.
No hay que explicar mucho más al respecto. Una vez se hayan practicado esas diligencias y emitidas al Ministerio Fiscal o Autoridad Judicial bien directamente o a través de los cauces administrativos propios, serán ellos, Jueces y fiscales, los que deberán reclamar o no nuestra participación.
Esa situación le ocurre por igual a todo miembro de la policía judicial genérica. Es decir al Agente Forestal y al miembro del SEPRONA.
El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será modificado en octubre de este año por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito pero no afecta al tronco legal mencionado y simplemente añade términos referentes a incautación de armas o efectos que pudieran tener relación con el delito.
En el ejercicio de las funciones a las que se refiere este apartado, los Agentes Forestales prestarán en todo momento auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Leamos ahora el artículo 4 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
Artículo cuarto.
1. Todos tienen el deber de prestar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos en los términos previstos legalmente.
2. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas a personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Como se puede comprobar nada nuevo. Lo mencionado por la Ley de Montes existía ya desde hace 29 años.
Entendido pues lo que dice la nueva Ley de Montes respecto a los Agentes Forestales, debemos explicar que en la práctica, a efectos del trabajo frente a los delitos, nada ha cambiado.

¿Qué ha pasado entonces? Ya lo hemos explicado claramente aquí, en otros escritos, pero será bueno resumirlo.
La modificación de la Ley de Montes salió del MAGRAMA y pasó una ronda obligatoria por todos y cada uno de los Ministerios para que realizaran las apreciaciones que consideraran oportunas.
El Ministerio del Interior entendió, por pretensiones corporativas de la Guardia Civil, que debía modificar los artículos que hacían referencia a los Agentes Forestales. De tal forma, interpretó lo que éramos a su manera y transformó el servicio que practicábamos rebajándolo y proponiéndolo bajo su mando en lo que a los delitos se refiere.
El MAGRAMA recogió esas indicaciones y el texto que se mandó al Congreso ya fue otro. Todos conocemos la polémica generada a través del trabajo realizado por la Unidad de Acción aunque algunos no conocen exactamente el trabajo que hizo cada una de las partes que la formaban.
Los grupos políticos de la oposición y los grupos ecologistas se proponen en contra de la generalidad de la Ley de Montes y se genera una corriente de duda acerca de la conveniencia de dicha propuesta legal.
En lo que respecta a los Agentes Forestales, el Partido Popular dice una cosa públicamente, más bien incongruencias operativas respecto a nuestro trabajo, y otra internamente. En las reuniones mantenidas, en las que ha participado UNPOLF, se nos reconoce que ha sido la Guardia Civil la impulsora de la modificación pretendida y se busca una salida aceptable para todos.
La salida era única y debía lidiar con la soberbia de aquellos que pretendieron lo que no se podía ni debía hacer, con los intereses bastardos de algunos que únicamente conocen y pretenden el desarrollo personal o de sus organizaciones, con el propio orgullo político del partido del gobierno que equivocado observaba el acoso y derrotaba en direcciones opuestas al entendimiento y con la pretensión más lógica y básica del Agente Forestal más lógico y básico, es decir, oiga, deje las cosas como estaban.
Así que esa salida sencilla no era fácil. El encuentro de todas esas posturas debía salir del propio partido del gobierno o en su caso de la ayuda que podría prestársele al respecto. Estaba únicamente en la legislación existente. Y a ella se acudió.
Se pasó de ser un auxiliar, sin más, a participar auxiliando y colaborando. Se cambió el ser auxiliar por el prestar auxilio y se le añadió la colaboración. Pero no por generación espontánea y sí por lectura de lo ya existente. Con ello se contentaron unos, los promotores, y no se violentaron otros, los agraviados. Con ello, algunos siguen buscándole al hecho lo que no tiene ya más aristas.


Así pues, lo que ha pasado es que, de nuevo, se sigue sin saber por aquellos que legislan, por aquellos que son responsables de este u otros gobiernos, lo que somos. No lo saben o no lo quieren saber. Y así, una y otra vez chocamos con lo mismo. Debe demostrarse lo que somos una y otra vez. El hecho constatable es que los Agentes Forestales somos policía judicial en sentido genérico y es a partir de ahí cuando se recolocan las piezas correctamente.
Así pues, los mandos de la Guardia Civil vuelven a mal entender el sistema policial español. Siguen creyendo que la artificiosidad de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplaza y elimina cuanto hay fuera de ella. No reconocen como policía a la que es policía administrativa y ese es un error mayúsculo para quien es igual que tú.
Así pues, los Agentes Forestales, seguimos practicando la defensa de nuestra profesión sin haber entendido esa máxima de que el ataque es la mejor defensa. Seguimos siendo y ejerciendo de sufridores sin darnos cuenta de la capacidad de crecimiento legal y operativo que tenemos. Seguimos quejándonos y acusando sin darnos cuenta de que va siendo hora de promover y promocionar nuestros intereses. En algunos casos ni nos damos cuenta de cuáles son estos. Y la demostración está en la propia defensa de nuestra aptitud como policía judicial. Algunos, y son muchos, ni la quieren, ni la reconocen pero critican al que nos la quita.
Sería bueno comprender lo que nos lleva a repetir una y otra vez estas defensas jurídicas de la profesión y atendiendo a esa comprensión, al debate intenso de sus causas, establecer de una vez un camino de trabajos, peticiones y movimientos lógicos que impidan en el futuro la misma situación.


En las últimas legislaturas se viene intentando modificar por parte de los gobiernos democráticamente elegidos la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta Ley es la base y argumento de todo cuanto hemos peleado con la Ley de Montes y realmente lo que ahí se diga será lo que no se pueda ya modificar.
Los dos últimos gobiernos lo han intentado y no han sido capaces de llevar a buen término la empresa. Muchos e importantes intereses se juegan en la modificación de esa Ley y esto dificulta sobremanera el consenso que necesita tal norma. Aunque a otros les parezca menor, nuestra presencia en esa Ley es capital para nosotros y viendo los antecedentes y estudiando los hechos que nos vienen ocurriendo, es hora de ponerse a trabajar. Recordemos que distintos gobiernos de signo político diferente promovieron sendos Borradores de Leyes de Enjuiciamiento Criminal que en un caso nos erradicaba de los delitos y en el otro generaba muchas dudas acerca de nuestras actuaciones.
Los conceptos de policía judicial y policía administrativa especial son básicos en nuestro ordenamiento profesional y son la base del futuro y seguridad de la profesión. La consecución de una Seguridad Medioambiental Española moderna, activa y profesional en la que seamos claros protagonistas debe ser una de nuestras metas. Para ello debemos acumular pretensiones, aunarlas y dirigirlas hacia donde deben ir. Para ello debemos empezar a exigir nuestra pertenencia, nuestra entrada en aquellos colectivos legales que se vienen señalando como principales, como prioritarios, incluso como únicos garantes policiales del estado español.
Este país tiene que retomar de una vez la situación policial que presta y entender que las definiciones no generan mayor o menor capacidad. Desde el otro lado, nosotros debemos entender lo contrario, por si acaso. Debemos pedir estar allí donde se cuece todo y donde surgen las posibilidades.
Los Agentes Forestales debemos estar en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad porque a los efectos legales somos una policía más, específica y especializada, pero una policía más.
El gobierno de este país debe permitirlo o, en su caso, arbitrar un sistema que potencie la prestación del mejor servicio y utilice todos los medios personales a su alcance, nunca que priorice las ventajas corporativas de unos frente a otros.