31 de marzo de 2015

#POLICÍAMEDIOAMBIENTAL y la nueva LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.
No es competencia de este sindicato, UNPOLF, entrar a valorar numerosas cuestiones de la Ley que están siendo debatidas públicamente. Quedan esos asuntos para la esfera privada de cada uno de los Agentes Forestales y Medioambientales de este país. Sin embargo, resulta más que interesante leer con detenimiento la mencionada Ley porque nosotros, los Agentes Forestales y Medioambientales, aparecemos en ella.
Es importante utilizar alguna de las frases que aparecen en la Ley, sin sacarlas de contexto, por supuesto. Y lo es, porque interesa entender la realidad de lo que nos ocurre, la situación en la que nos estamos moviendo.
La seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. La Constitución Española de 1978 asumió el concepto de seguridad ciudadana (artículo 104.1), así como el de seguridad pública (artículo 149.1.29.a). Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo por tales la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana.
Nos podemos preguntar todos nosotros si la seguridad medioambiental forma parte de esa seguridad ciudadana y seguridad pública. La contestación positiva lleva a un razonamiento posterior lógico. Sin embargo una contestación negativa parece introducirnos en un sinsentido. ¿Cómo no va a formar parte de la seguridad pública aquello que permite de inicio que exista la vida o que la mantiene?
La siguiente pregunta que se hacen algunos, no todos los Agentes Forestales y Medioambientales afortunadamente, es si nosotros formamos parte de los colectivos que deben garantizar la seguridad pública medioambiental. Este matiz tan sencillo es una falla de enorme longitud en el interior de nuestra profesión.
Esa misma pregunta, es un hecho palpable, también se la vienen haciendo otros Cuerpos interesados en contestar que no y por tanto ocupar por sí solos todo el campo policial medioambiental.
En UNPOLF tenemos claro por evidente, por real, por significado en las normas, que los Agentes Forestales son garantes de la seguridad medioambiental y por tanto también entendemos que lo somos de la seguridad pública medioambiental. De hecho, el Agente Forestal viene realizando esa labor desde hace años y ejemplos los tenemos todos.
En este momento muchos se preguntarán por esos ejemplos y habrá que contestar que quién no se ha encontrado inmerso y trabajando en cuestiones de seguridad pública en incendios forestales. ¿Quién no ha terciado en conflictos varios en áreas recreativas, en espacios naturales?¿Hasta dónde han llegado situaciones conflictivas con cazadores, pescadores, moteros? ¿Quién no ha mediado entre un cazador y un ciclista? Todas estas cuestiones se mal entienden desde el punto de vista de un enfrentamiento o de la necesidad de una controversia y eso es un error. Repitamos la definición que establece la propia Ley de Seguridad Ciudadana: la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana.
La actividad dirigida a la protección de personas y bienes. Eso es la seguridad pública y seguridad ciudadana. A eso dedicamos buena parte de nuestro trabajo. Sobraban explicaciones. En el medio natural somos garantes de la protección de numerosos bienes y cada vez más y a través de ellos, de las muchas personas que por allí transitan, trabajan o lo disfrutan. Ocurre en ocasiones, por supuesto, que son estos los que atentan contra aquellos bienes y es por ello que los Agentes Forestales disponen de las prerrogativas oportunas, que no suficientes, para realizar su trabajo policial.
Podría razonarse en consecuencia, a partir de todo esto, un sistema lógico de prestación del servicio policial que garantice esa seguridad pública y ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana no se queda únicamente ahí.
Para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución dispone de tres mecanismos: un ordenamiento jurídico adecuado para dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y persecución de las infracciones.
Es evidente que se necesita un ordenamiento jurídico que de respuesta a infracciones y delitos, alguien que aplique ese ordenamiento y alguien que prevenga y persiga a los infractores y delincuentes.
Y en este país, recordamos, existen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero también otras policías administrativas, entre las cuales nos encontramos los Agentes Forestales y Medioambientales. Y así y por ello, reconocidas aquellas en todo el devenir de la Ley también se recoge a estas en la parte que toca.
El capítulo I, tras definir el objeto de la Ley, recoge como novedades más relevantes sus fines y los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la seguridad ciudadana, la cooperación interadministrativa y el deber de colaboración de las autoridades y los empleados públicos, los distintos cuerpos policiales, los ciudadanos y las empresas y el personal de seguridad privada, de acuerdo con una perspectiva integral de la seguridad pública.

Se identifican, pues, los distintos cuerpos policiales, los ciudadanos y las empresas y el personal de seguridad privada, de acuerdo con un concepto integral de la seguridad pública.





Léanse con detenimiento esos fines y posteriormente siga esa lectura con el artículo 7 de la Ley, especialmente el punto 4.

Así pues, los Agentes Forestales y Medioambientales tenemos el especial deber de colaborar en:
  • El respeto a las leyes, a la paz y a la seguridad ciudadana en el ejercicio de los derechos y libertades.
  • La protección de las personas y bienes.
  • La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público.
  • La prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas.


Y haremos todo esto allí donde tenemos competencias únicamente, es decir en el medio natural.
Y es aquí donde nos preguntamos por los razonamientos coherentes y consecuentes de cuantos nos rodean, gestionan y representan. Y empezaremos por recordar, para que no haya escapismos, un artículo de la Ley 1/2002 de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Artículo 6. Carácter de Autoridad.
El Cuerpo de Agentes Forestales tiene la consideración de Policía Administrativa Especial, y sus integrantes ostentarán el carácter de Agentes de la Autoridad, cuando presten servicio en el ejercicio de sus funciones, para todos los efectos legalmente procedentes.
Sabiendo pues lo que somos, entendida la seguridad medioambiental y conocida nuestra situación actual como un embrollo enorme, acudamos a tratar de separar lo que es coherente y consecuente de lo que no lo es. Y hagámoslo valorando la actuación del que nos gestiona y rige por un lado y de nosotros mismos, por otro. Terminaremos el artículo demandando de nuestros gestores más próximos una actitud profesional adecuada al servicio que prestamos.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana utiliza cuanto de policial está a su alcance. Lo hace sin modificar nada, únicamente lo usa. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como protagonistas, después las policías administrativas, por detrás cuantos medios humanos tiene la Administración y por último, la vigilancia privada. Respecto a esta disposición poco se puede decir. Quien quiera oponer algo lo tiene difícil y debería preguntarse si tal vez es él quien anda equivocado.

Sin embargo es curioso y resulta lejano de lo coherente y consecuente entender que el mismo gobierno que utiliza cuanto a su alcance tiene en esta Ley desecha lo mejor que posee en la futura Ley de Montes.
Los Agentes Forestales, como policía administrativa, son válidos para garantizar la seguridad medioambiental y por tanto tendrán el deber de colaborar en su consecución. Sin embargo, este mismo Ministerio del Interior propone una enmienda a la Ley de Montes en la que desplaza a los propios Agentes de su propia especialidad medioambiental y los nombra auxiliares de las FFCCSS en la investigación del delito.
¿Existe la coherencia política?¿Es consecuente el gestor de recursos administrativos?¿Se basa en razonamientos lógicos el legislador?¿Alguien entiende este galimatías normativo?
No, no se entiende. Únicamente se concibe el porqué pero no se comparte cuando se observa que la modificación de la Ley de Montes en lo que respecta a los Agentes Forestales y Medioambientales es un capricho corporativo, un premio de final de legislatura a un Cuerpo que no ha medido las consecuencias del antojo.
Esta Ley de Seguridad Ciudadana será peor o mejor. Allá cada cual con sus pensamientos. Pero en algo tiene el don de lo absoluto. En poner de manifiesto la barbaridad normativa de la modificación de la Ley de Montes respecto a los Agentes Forestales.
A pesar de que es un clamor el error, de que tanta gente haya entendido la equivocación normativa como muy grave, resulta curioso observar que es el propio Ministerio del Interior el que peor se pone a si mismo. Si este gobierno no corrige de inmediato el atropello operativo que creará la nueva Ley de Montes es que no se reconoce como coherente y consecuente y eso es muy peligroso.
Visto el asunto desde otro prisma, el interno, propio de los Agentes Forestales y Medioambientales, el asunto también da que hablar o escribir, en este caso.
Nos representan, así establecen en sus escritos, grandes organizaciones con un nombre que en este país pesa y mucho. En primer lugar ese hecho, que lo es, no significa por sí solo que esa representación sea ya buena. En segundo lugar y más preocupante, esa representación no está basada en proyecto alguno ni en conocimiento de las bases y argumentos que se utilizan. Nada sabemos al respecto.
En la Comunidad de Madrid, CCOO pretende, así lo ha dicho públicamente, retornarnos a la Consejería de Medio Ambiente, suponemos que bajo el paraguas de los gestores medioambientales. Entiende también que no somos policías medioambientales y propone por delante de esas competencias propias, las únicas, otras muchas aun siendo delegadas.
Con estos precedentes, podemos presuponer, aunque nos interesaría oírla, la opinión de tamaño sindicato respecto a la nueva Ley de Seguridad en lo tocante a las policías administrativas. Les recordamos, es bueno hacerlo, que ellos firmaron también la Ley del Cuerpo donde se recoge que somos eso, policía administrativa y como tal tenemos potestades pero también obligaciones. Y haciendo ese juego de presunción, perdón por el atrevimiento, nos preguntamos por la coherencia y la posibilidad de ser consecuentes que tienen.
Hacemos extensiva la pregunta a UGT de la cual desconocemos prácticamente todo. Critica, así lo hemos leído en Madrid, la querencia de CCOO hacia la Consejería de Medio Ambiente pero firma junto a ella peticiones conjuntas que entrega a partidos políticos con idea de gobernar Madrid en los próximos cuatro años.
Y preguntamos, porque dicen representarnos en esas negociaciones que se vienen dando para parar la Ley de Montes. Porque ellos son libres de decidir cuanto quieran o de no decidir nada pero el hecho de que se aboguen nuestra representación les obliga a explicar lo que pretenden y nos dan pié a la pregunta.
Porque aquí y hoy se están jugando muchas cosas y una sola, que es el futuro de nuestra profesión. Y estamos viendo que respecto a las diferentes ideas existentes, esa profesión no parece ser una y sí muchas a la vez, según conveniencias políticas, corporativas, sindicales o personales. Esta es nuestra desgracia y la causa fundamental de nuestro escaso desarrollo.

Porque en realidad, la profesión de Agente Forestal y Medioambiental, únicamente es una como no podía ser de otra forma. Una que está escrita y especificada claramente, que practica como competencias propias la policía medioambiental y que además es utilizada para desarrollar o auxiliar competencias de otros.
Jugar al fútbol y encontrarse de repente a la mitad de los jugadores practicando el baloncesto significa de inmediato la aplicación de una serie de normas que acaban con esos jugadores fuera del campo. Practican otro deporte. Necesitan otra cancha, otras reglas, otros medios. Sin embargo nosotros lo hemos hecho de forma diferente y mucho más complicada. A aquellos que se han metido en el medio de nuestro juego y se han puesto a practicar un deporte distinto les hemos hecho representantes. De tal forma que ya muchos de los nuestros no saben que deporte practican. Así cuando los de arriba, los que mandan, cambian las reglas según conveniencia de otros no sabemos muy bien qué decir. Así nos va.
Entendamos pues que la situación requiere claridad de ideas y principios básicos sobre los que crecer. Transparencia y argumentos. Proyectos sindicales bien publicitados. Solo a partir de ahí sabremos de donde partir y podremos crecer.
Estamos dando cabida a intereses sindicales y políticos que van a acabar con nuestra profesión, que nos están parasitando sin que nada consigamos a cambio. 
 
Finalmente, es más que importante, reclamar de aquellos que gestionan nuestro servicio de forma directa una actitud y una actividad profesional mucho más definida. Deberían ser los primeros que tras la lectura de la Ley de Seguridad Ciudadana entendieran esa necesidad pero ya es un hábito tener que recordárselo y más rutina aún ver que les da igual.
Basta leer la Ley de Seguridad ciudadana, las leyes que rigen nuestros Cuerpos, allá donde existan, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para darse cuenta de que debemos estar conformados en Cuerpos y de que nuestra Administración de referencia cercana o Consejería nada debería tener que ver con la gestión del monte y sí con la protección y policía de ese medio.
Desgraciadamente esta exigencia no se cumple en la mayoría de los casos y nos encontramos con cuadros administrativos por encima de nosotros sin capacidad alguna respecto a nuestras competencias y potestades y lo que es peor, sin ganas de tenerla. A los que nos gestionan les resulta más fácil negar la evidencia, la realidad, que trabajar.
Sin embargo, están obligados y va siendo hora de que desplieguen actitudes absolutamente distintas a las actuales, modifiquen patrones y se signifiquen en la exigencia de medios acordes al servicio a prestar. Leído y visto todo esto, la patrulla forestal es necesariamente obligatoria como medio básico y mínimo de desempeño operativo. Y a partir de ahí, son responsables del desarrollo de protocolos verdaderamente adaptables al trabajo policial.
Esa es la palabra que no quieren oír pero que deben tener grabada continuamente, responsabilidad. Pueden empezar por poner, allá donde no existan, donde hayan desaparecido, rotativos adecuados en los vehículos del servicio que indiquen la presencia de la policía medioambiental, llámenla administrativa especial si quieren.


NOTA:
Representantes sindicales del Servicio de Vigilancia Aduanera, a pesar de hacer un trabajo extraordinario, vienen denunciando el atraque forzoso de casi toda la flota y lo enmarcan en una estrategia soterrada del Gobierno para traspasar sus competencias a la Guardia Civil.
Ellos dependen directamente del Estado y su situación administrativa al ser más sencilla es más fácil de hacerla desaparecer.
Las policías administrativas están sufriendo el acoso corporativo incansable del mismo Cuerpo que utilizando su carácter de FFCCSS pretende arrebatar competencias y servicios que le fortalezcan.De una u otra forma ha de verse lo que es un hecho inconfundible y de una u otra forma habrá que establecer un sistema de defensa ante tal ataque.