5 de marzo de 2015

SOMOS POLICÍA JUDICIAL

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de diciembre el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas.
Como sabéis, este gobierno encargó a un Comité de expertos un texto de un nuevo Código Procesal Penal que sustituyera a la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente que data del siglo XIX. Al respecto de esto, la exposición de motivos de la modificación que presenta el Consejo de Ministros explica lo siguiente:

La propuesta de Código Procesal Penal presentado por la Comisión Institucional para la Elaboración de un Texto Articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012, actualmente sometido a información pública y debate, plantea un cambio radical del sistema de justicia penal cuya implantación requiere un amplio consenso, que parece que podrá fraguarse en un horizonte temporal cercano. En tanto dicho debate se mantiene, en la confianza de encontrar el máximo acuerdo posible sobre el nuevo modelo procesal penal, resulta preciso afrontar de inmediato ciertas cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgación del nuevo texto normativo que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal y que son: i) la necesidad de establecer disposiciones eficaces de agilización de la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas; ii) el fortalecimiento de los derechos procesales de conformidad con las exigencias del Derecho de la Unión Europea; iii) la regulación de las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos garantizados por el artículo 18 de la Constitución; iv) la previsión de un procedimiento de decomiso autónomo; v) la instauración general de la segunda instancia; y vi) la reforma del recurso extraordinario de revisión.
Es interesante advertir, por tanto, que los Agentes Forestales y Medioambientales son a todos los efectos, y según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, policía judicial. Y que parece ser que terminada esta legislatura seguirán siéndolo.
Resulta curioso leer que esta modificación es necesaria para establecer disposiciones eficaces de agilización de la justicia penal con el fin de evitar dilaciones indebidas y observar, al mismo tiempo, la modificación de la Ley de Montes en la que se pretende exactamente lo contrario, es decir, aumentar las dilaciones todo lo posible impidiendo a los Agentes Forestales y Medioambientales actuar como lo han venido haciendo hasta ahora.
Se contemplan dos modificaciones respecto al Título que determina a la policía judicial y tienen que ver con las actuaciones a seguir.
Se añade un tercer párrafo al artículo 284 con la siguiente redacción:
«No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la Autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial soliciten la remisión o si se practica cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado.»
El apartado 1 del artículo 295 queda redactado del siguiente modo:
«En ningún caso, salvo los de fuerza mayor y el previsto en el párrafo tercero del artículo 284, los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado.»
Tampoco parece congeniar mucho esta última modificación con la que se pretende en la Ley de Montes.

De todo esto parece deducirse desconexión, despropósito normativo, descontrol y desorden. Todo comienza con “des”. Lo que no parece haber sido es un despiste.