12 de febrero de 2015

LA LEY DE FFCCSS, NUESTRO FIN PRINCIPAL, NUESTRA ESTRATEGIA.


El modelo de Estado español actual establece que las funciones policiales puedan ser ejercidas no solo directamente por el gobierno estatal. La Constitución permite a las Comunidades Autónomas la creación de Cuerpos de policía propios. Más aún, otros ámbitos territoriales, como los municipios, pueden ejercer funciones relativas a la seguridad pública.
El ejercicio de esa seguridad pública no es general para los colectivos que la ejercen, de tal forma que se reparten entre ellos competencias o las comparten, estableciendo en este caso cauces de colaboración y coordinación. En ocasiones, incluso, aparecen policías especializadas que dependen de ámbitos territoriales diversos. Ejemplos de este último caso se observan con el Servicio de Vigilancia Aduanera estatal o los Agentes Forestales, dependientes de las Comunidades Autónomas y en algunos casos de entidades locales.
Estamos, pues, ante una policía plural, con una diversidad evidente de colectivos que la prestan y con diferente dependencia orgánica. El entramado policial español es pues complejo.


La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, englobó y definió a todas las policías de este país excepto a los dos ejemplos mencionados. Ambos son una policía mixta, administrativa y judicial, con especialización evidente del servicio que prestan. Ambos, Servicio de Vigilancia Aduanera y Agentes Forestales, han tenido que recorrer caminos jurídicos paralelos en estos últimos años y experiencias reivindicativas semejantes. A la vez, han demostrado con su trabajo y experiencia, suficiente capacidad y resultados para que en sus respectivos contextos de prestación policial sean respetados y requeridos.

El trasvase de competencias medioambientales a las Comunidades Autónomas dispuso, al mismo tiempo, el traslado del personal estatal encargado de la vigilancia e inspección del medio natural. En ese momento, ni siquiera existía el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA). Los Agentes Forestales transferidos vivieron diecisiete realidades distintas a partir de tal situación. Hoy, treinta años después, la situación se entiende ya de otra forma y siendo colectivos con denominaciones distintas aunque semejantes son reconocidos como uno solo por parte del ciudadano español.
Todas las Comunidades Autónomas disponen de Agentes Forestales y suman juntos unos seis mil policías de medioambiente. Ha sido, hasta la fecha, la Ley de Montes estatal, la que ha uniformizado la prestación de los Agentes Forestales, igualándola en toda España. Así, encontramos en esta Ley su definición: Funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6 del articulo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Hoy se pretende modificar la mencionada Ley y rebajar considerablemente la posición jurídica de los Agentes transformándolos en meros auxiliares y dejando inservible su prestación contra el delito medioambiental.

El poder judicial y concretamente el Ministerio Fiscal se mantienen organizados piramidalmente en un tronco común estatal. El Código Penal tipifica los delitos medioambientales para todo el Estado español, sin salvedad alguna. La especialización medioambiental de este Ministerio judicial, que existe, convive, por tanto, sin mayores problemas con la realidad geopolítica de este país. No le resulta difícil, por ello, interactuar con los propios Agentes Forestales que además, y en su caso, son buenos conocedores de la legislación propia de cada Comunidad.

Los Agentes Forestales son los garantes máximos de la policía, custodia y vigilancia del medio natural español. No hay discusión sobre lo que es un hecho y no una opinión. Trabajan desde hace años como policía judicial y de este otro hecho tienen constancia Jueces y Fiscales. Son de interés las Memorias Anuales de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y sus alusiones e informaciones hacia los Agentes Forestales y su actividad como Policía Judicial.
Con todo esto y hasta la fecha de hoy, los Cuerpos de Agentes Forestales vienen actuando, si es el caso, en colaboración y de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a la normativa reguladora y a los ámbitos competenciales respectivos.

No existe pues justificación operativa, legal, competencial o económica que justifique la modificación de la Ley de Montes y la subordinación de los Agentes Forestales hasta hacerlos inoperantes. Más bien al contrario, esos son los argumentos a utilizar para volver del revés una decisión contraria a la lógica y al sentido común.
  • Desaprovechar el trabajo que prestan seis mil policías especializados en medio ambiente supone un coste económico evidente.
  • Subordinarlos a otros Cuerpos policiales generalistas que, además, se encuentran ubicados en diferentes estamentos públicos, parece improcedente.
  • El enorme crecimiento de los espacios naturales protegidos y la tipificación de delitos medioambientales exige una respuesta acorde de la Administración respecto a su policía y vigilancia.
  • Estamos ante una decisión que atenta contra el interés general, sustanciado en una clara pérdida de la seguridad pública en lo referente al medio ambiente.
Proponemos, por tanto, la retirada de la modificación de la Ley de Montes en aquello que afecta a los Agentes Forestales. En su caso, entenderíamos una modificación en términos distintos:
Artículo 6 Definiciones

q. Cuerpos de Policía Forestal/Medioambiental: Los Cuerpos que tengan encomendadas legalmente las funciones de policía, vigilancia, protección de la naturaleza y del medioambiente.
r. Agente forestal: Funcionario perteneciente a los Cuerpos de Policía Forestal /Medioambiental que ostenta la condición de agente de la autoridad, perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”
 
Finalmente, proponemos como medida que optimice el funcionamiento y la prestación de un servicio de policía adecuados, de los medios existentes y de los recursos públicos, la inclusión de los Agentes Forestales en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No existe objeción jurídica alguna que impida tal petición y únicamente se exigiría una modificación de la mencionada Ley a la que se debería añadir un nuevo Título denominado “De las Policías Especializadas”.

El debate ya es público y se debe incidir en él. Dos colectivos actúan en la policía del medio natural español, la Guardia Civil y los Agentes Forestales. Consígase el mayor provecho y el mayor entendimiento teniendo en cuenta la gran cantidad de hechos políticos, geográficos, competenciales, policiales, corporativos, funcionales, orgánicos, judiciales que convergen.
El debate existe. Del lado del Agente Forestal viene la pregunta del porqué de esta modificación que transforma la coordinación en subordinación maniatándoles, haciendo improductivos a la mayor cantidad de policías existente.

El debate sigue y del lado de la Guardia Civil termina siempre en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Siendo la pertenencia a esta Ley un acto artificial, una decisión legislativa, la respuesta de los Agentes Forestales no debería hacerse esperar utilizando otro porqué.

 ¿Porqué no pertenecen los Agentes Forestales a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
Esta pregunta es definitiva y aúna un fin a conseguir y una estrategia a utilizar. El mismo parapeto que pretende interponer en nuestro camino profesional aquel que trata de subordinarnos nos sirve para exigir la coordinación y el respeto profesional.
Con ella se cierra el círculo de la seguridad medioambiental española y los problemas y malentendidos desaparecen. Basta con hacerla para poner en un brete al mando más competente de la opinión contraria y dejarle, evidentemente, sin salida final.


NOTA: Aquellos que pretenden defender nuestra calidad policial sin querer ser policías y que amoldan las peticiones de los demás a sus propios intereses para así acabar definiendo como “ilusos” a los que como mínimo somos consecuentes, deberían aprender lo que somos y abrir al debate colectivo nuestra defensa profesional. Resulta grotesco y penoso, cuanto menos, leer tuits de enormes organizaciones que ejemplifican el desconocimiento y la desfachatez de su propio interés. Esos escritos, entre iguales, os resultarán jocosos pero fuera de ese contexto tan simple y cercano al miedo y a lo reaccionario aparecen como infantiles, faltos de sensatez, nulos de justificación y motivación, en definitiva, ridículos. Os definen, en cualquier caso.