27 de febrero de 2015

EL ESTADO DE LA NEGOCIACIÓN

Primera base de la estructura de seguridad ambiental de España

En estos primeros meses del año 2015 se están jugando las bases iniciales del planteamiento de seguridad ambiental del país. Sin que nunca haya existido una previsión, una idea, un proyecto, sin que nunca se haya advertido nuestra calidad y cantidad policial por parte de gobierno alguno desde la reconocida transición, hoy unos pretenden otorgarse todo el control de la protección ambiental y otros defendemos nuestra posición ofreciendo, según los casos, consideraciones y alternativas varias.
En anteriores intentos de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no llegaron a efecto ya se advirtieron pretensiones de unos para alinear como auxiliares a otros. Ahora, hoy mismo, se juega la misma batalla pero se usa tablero distinto, el de la modificación de la Ley de Montes. Vale pues cualquier norma para hacer valer unos cambios ya estudiados y unas pretensiones ya conocidas.
Y esas no son formas, entre otras razones porque se basan en la sinrazón y en el interés corporativo frente al tan usado últimamente interés general. Estúdiese con detenimiento por parte de aquel que gobierna y dirige la Administración el asunto y, salvado con decoro este traspiés de la modificación de la Ley de Montes, acúdase a un planteamiento profesional de lo que debe ser la seguridad medioambiental española.

Pero antes, resolvamos una situación que debería tener una salida más fácil de la que entre todos no parece encontrarse. Hágase un esfuerzo, el necesario, y apárquense los orgullos que impiden concretar la solución.
Todos tenemos ya una idea de lo que está ocurriendo y todos estamos ya situados en sitios que los demás conocen. El problema está perfectamente definido y la solución reconocida pero no conseguida. Se trata de encontrar un texto modificado, y consensuado, del artículo 58 que se ha apuntado en la modificación de la Ley de Montes.
Para ello existe una Mesa de negociación que no tiene todas las patas necesarias y las que tiene, en ocasiones, no parecen sujetar convenientemente la Mesa. Es bueno que repasemos a quienes participan y deben poner el punto de salida de la seguridad ambiental.
De un lado la Administración y del otro los representantes de los Agentes Forestales. En cada uno de esos dos lados se encuentran subdivisiones en cuanto a la representación. Ocurre, además, que no están todos los que son.
La Administración representada como no podía ser de otra forma por el Gobierno. Es bueno indicar que con mayoría absoluta. Es decir, con capacidad para sacar adelante por sí solo normas y leyes en el Congreso.
Pero el Gobierno no está solo en la Mesa, todo lo contrario. Al Gobierno le ha situado en esa Mesa, le ha obligado a estar, el Ministerio del Interior y más concretamente la Dirección General de la Guardia Civil. Y lo más curioso del asunto es que esta Dirección siendo la protagonista del inicio del conflicto no se aviene a sentarse a negociar y mantiene una posición cómoda detrás de las bambalinas. Espera la información, espera el texto, y decide. Me gusta o no me gusta. Obliga pues pero no ayuda.
Nadie quiere nombrar a quien procedió en primer lugar, al organismo que decidió enmendar la Ley de Montes y adecuarla a su propia organización. Nadie parece atreverse a decir que fue la Dirección General de la Guardia Civil quien determinó que los policías medioambientales de este país debían ser sus auxiliares. Ni siquiera ellos mismos, la propia Guardia Civil, lo quiere reconocer públicamente. Pero es sabido por todos y así se nos ha informado con claridad por parte del Gobierno, ya sea directamente o ya sea asintiendo a nuestras preguntas. Tres cosas ciertas hay que decir sobre la Guardia Civil:
  1. Que es un Cuerpo fundamental y de prestigio en la seguridad pública de este país.
  2. Que todos y cada uno de los miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) son compañeros de los Agentes Forestales y Medioambientales. Que colaboramos con ellos y ellos colaboran con nosotros.
  3. Que su Dirección pretende hacernos auxiliares suyos y rebajar sin reparo alguno nuestras competencias y funciones.
Pero parece ser que en lo que respecta al tercer punto no se puede hablar y es por ello que debe resultar difícil arreglar un asunto que no debería tener tanta dificultad. Las posiciones, cuando no son las correctas o están basadas en criterios equivocados, son difícilmente defendibles públicamente. Por el contrario, si no hay exposición, si no es necesario justificar, si la posición que se ha adoptado por propio interés es omnipotente, esta se puede mantener sin argumentos pero la solución al conflicto se torna más complicada.
Este Gobierno quiere contentar a la Dirección General de la Guardia Civil. No reconoció que ésta cometió un error, el de entender que en el monte solo existía un color policial verde, y ahora no sabe como hacérselo ver. Advertido el gobierno de que la situación policial era otra, de que existía otro colectivo con, al menos, igual capacidad y con más cantidad y posibilidad de obrar, ahora espera del propio agraviado que le ayude a resolver el rompecabezas creado.
Bien, el agraviado, los Agentes Forestales y Medioambientales, deben reconocer la situación y situarse en ella como tales, como profesionales. Deben entender que están hablando con el Gobierno de la nación, aquel que guste o no la representa, aquel que, equivocado, pretende legislar en nuestra contra.
El Gobierno debe entender que ha querido modificar, rebajándolas, las competencias de todo un colectivo sin que exista una razón aparente porque todas y cada una de las posibilidades que pudieran estudiarse recomendarían lo contrario. Y debe comprender que los Agentes Forestales defiendan su profesión y lo hagan con todo el tesón posible.
Finalmente la Dirección General de la Guardia Civil debe entender lo que somos, policías medioambientales, debe aprender a respetarnos como lo hacemos nosotros con el Cuerpo de la Guardia Civil y a partir de ahí, participar abiertamente en una seguridad medioambiental española en la que colaboren y se coordinen aquellos que pueden y deben, entendiendo que en este país existen Comunidades Autónomas, que están transferidas a ellas las competencias medioambientales y que poseen personal policial medioambiental.
En el otro lado de la Mesa de negociación, una Unidad de Acción que representa a los Agentes Forestales y Medioambientales formada por la Asociación Española de Agentes Forestales (AEAFMA) y dos sindicatos mayoritarios de clase (CCOO y UGT).
CCOO, tiene una estructura de representación propia de Agentes Forestales creada hace algo más de diez años, cuando el impulso de AEAFMA tomaba fuerza. En aquel momento CCOO publicó un decálogo de pretensiones para el colectivo de los Agentes Forestales y a partir de ahí, desconocemos cuál o cuáles son los proyectos que tienen previstos. CCOO tiene pensamiento único como organización forestal salvo lo expresado por los compañeros catalanes.
CCOO ha publicitado reiteradamente su animadversión a la utilización del término policía, ha puesto en duda la preponderancia de estas competencias, por propias, frente a otras en las que somos auxiliares. CCOO se aleja de forma instantánea de pretensiones de acercamiento a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Todo lo contrario hemos oído a los compañeros catalanes de esa misma organización. De existir la posibilidad, UNPOLF votaría por la anexión española a Cataluña en una votación forestal al respecto.
UGT tiene un sistema de representación forestal nacional muy joven. UGT es más ambigua que CCOO. Lo es porque no existe un Proyecto o directriz conocido y así resulta muy difícil crecer como colectivo. Entendemos que han entendido como mejor táctica contentar a todos al no pedirles nada, ni siquiera que opinen. Cada representación comunitaria de UGT pretende una cosa y algunas de ellas tienen pensamientos absolutamente contrarios de lo que debe ser nuestra profesión. Tanta ambigüedad ha creado poso y ya alguna Comunidad con mayoría conseguida gratuitamente entiende como válidas ocho decenas de opiniones frente a un debate y consenso necesarios. Pese a quien pese, es imposible que un colectivo crezca y se desarrolle bajo estas circunstancias, que siendo cómodas, son inoperantes.
AEAFMA, según Estatutos, tiene como fines trabajar por la defensa de los intereses profesionales de sus integrantes, y por el fomento, desarrollo y difusión de su actividad profesional.
Ya hemos mencionado en anteriores escritos la dificultad que exige una Unidad de Acción y hemos pedido también como necesario un acuerdo de mínimos entre organizaciones. No parece que haya sido posible. Entendemos y agradecemos el trabajo de representación, suponemos que desde fuera cuestiones que no comprendemos tendrán una razón evidente. Con todo ello, en cualquier caso, le pedimos a AEAFMA que no se deje llevar por intereses de otros, que no generalice nuestros problemas porque bien pueden ser utilizados en nuestra contra y existen ejemplos de ello. Que nuestra representación se ejecute en el entorno de los Agentes Forestales y Medioambientales y en el contexto profesional. Porque además es ahí donde está la solución.
Se ha presentado ya un texto que reclamó la representante del Gobierno, la Portavoz de Medio Ambiente del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Ese texto habrá sido ya objeto de estudio y desconocemos en este momento si hay contestación al respecto. Pero tenemos ya una idea.
Secundarios cercanos han salido estos días ya a la palestra. El colectivo de ingenieros de montes ha empezado a marcar la distancia que les separa de nosotros y lo ha hecho como siempre, señalando la necesidad y dependencia que tienen de un colectivo al que quisieron tergiversar y proponer únicamente como auxiliar de la gestión eliminando la realidad de sus funciones policiales.
Su oficio, el de los ingenieros de montes, es la gestión medioambiental pero escasean o son nulos sus conocimientos sobre seguridad y policía. Sin embargo no pierden la posibilidad y se muestran tan cercanos a quien posibilitó este conflicto como opuestos a quienes lo sufrimos. Destacan la antigüedad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la rebajan por tal hecho y utilizan tal desorden mental en nuestra contra. Poco les importa que esté en vigor y menos aún se interesan por lo que han venido haciendo los Agentes Forestales y Medioambientales en funciones de policía judicial en los últimos años.
Viene a cuento todo esto porque nuestro mundo está enlazado desgraciadamente y cuando saltan a la vista ya se sabe que hay interés por algo y ya se reconoce que aquellos que modificaron el texto han recibido el nuestro y no les ha gustado. Es curioso que nos quieran ambos de auxiliares y más curioso que aquellos que gestionan el monte, en general, nos desprecien posteriormente como tales.
Tomen nota del entrelazamiento, de aquello de que el mundo es un pañuelo. El monte lo es y más pequeño aún. Se auxilian entre ellos los que nos quieren como auxiliares y aparecen, además, entre los nuestros, algunos que prefieren aliarse con ese auxilio a pretender ejercer las funciones propias de nuestra profesión. Caracteres débiles forjados en intereses subordinados no pueden representarnos.
Exigimos respeto para la profesión de Agente Forestal y Medioambiental. Pedimos sentido común y lógica en la negociación. Queremos que los desarrollos corporativos de otros no se hagan a costa nuestra.
Confiamos en AEAFMA. Algún texto habrá que contente a todos. Tal vez aquel que ya está escrito y que dictan las normas vigentes.
http://www.unpolf.es/p/proyecto-sindical_05.html