17 de diciembre de 2014

#PolicíaMedioambiental



UN MODELO RAZONABLE DE SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL DEBE TENER EN CUENTA A LA POLICÍA MEDIOAMBIENTAL – AGENTES FORESTALES - 

La seguridad medioambiental es, sin duda, la gran olvidada de la gama de materias y competencias de seguridad de este país, España. Si bien la Constitución Española trató el asunto como uno más, dándole la importancia necesaria, la realidad posterior demostró casi lo contrario y así podríamos modificar el texto de la Carta Magna y descubrir que, efectiva y sorprendentemente, el artículo 45 de la Constitución se practica en modo diferente a lo enunciado. Se mantienen los mismos sujetos protagonistas pero la acción del verbo que realizan viene a ser, en numerosas ocasiones, la contraria a la que se pretendía.
Relean de nuevo estas frases: Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

La realidad nos ha explicado que el medio ambiente ha sido, a veces, más un estorbo que un disfrute. El deber de conservarlo se ha enfrentado a otros muchos deberes o intereses que le han ganado la partida. Y han sido particulares y poderes públicos los que se han aplicado en llevar la contraria a la Constitución. Estos últimos lo han hecho valiéndose del interés general que debe ser ese que reúne el interés de muchos particulares o tal vez de unos pocos. Así, finalmente el medio ambiente es dañado por ese interés y solidaridad colectiva que debía protegerlo. La contradicción ocurre a menudo.
Y aunque no es específica de aquí o allí se observa mucho más en el medio natural. Tal vez por esto los poderes públicos no han abordado en profundidad la estructuración de una policía medioambiental y mantienen una configuración medieval obsoleta y apenas organizada.
Si la seguridad pública en general ha sabido o al menos ha intentado organizarse a través del encuentro de todas las Administraciones Públicas del país, si ha ordenado funciones y competencias para que sean compartibles por todos los poderes públicos y para que presten un servicio adecuado, la especificidad de la seguridad medioambiental ha quedado a la espera.
Hablamos de unas funciones y competencias, las de seguridad pública, muy delicadas y como tales fue la propia Constitución la que entendió que debía ser una Ley Orgánica la que las regulase. Estado, Comunidades y Corporaciones Locales aparecen en la principal y necesaria regulación de la materia, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La propia Ley dice textualmente: “Es la naturaleza fundamental y el carácter peculiarmente compartible de la materia lo que determina su tratamiento global en un texto conjunto, a través del cual se obtenga una panorámica general y clarificadora de todo su ámbito, en vez de parcelarla en textos múltiples de difícil o imposible coordinación”.
Continúa la Ley sobre el asunto y establece: “La existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo territorio con funciones similares y, al menos parcialmente, comunes, obliga necesariamente a dotarlos de principios básicos de actuación idénticos y de criterios estatutarios también comunes, y el mecanismo más adecuado para ello es reunir sus regulaciones en un texto legal único que constituye la base más adecuada para sentar el principio fundamental de la materia: el de la cooperación recíproca y de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pertenecientes a todas las esferas administrativas”.
Y teniendo en cuenta estos principios tan lógicos la Ley se propone, a partir de ese momento,  configurar la organización policial española y dice que lo hará basándose en criterios de profesionalidad y eficacia.
Lo cierto es que a partir de momentos en los que se deben regular cuestiones tan importantes como la seguridad de un país son esas y otras muchas cuestiones las que entran en juego. Y es más que posible que los intereses políticos y los corporativos se propongan como criterios tan o más importantes que los enunciados.
Comunidades Autónomas enfrentaron sus intereses y derechos a los del Estado. Las Entidades Locales entendieron necesario gestionar numerosos ámbitos de seguridad urbanos. El Estado estiró cuanto pudo para mantener lo que la Constitución ordenaba. Así, el debate abierto entre las Administraciones, con Constitución, Estatutos y Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de por medio, tuvo que ser interesante.
Comunidades con Cuerpos propios de policía ya creados, otras cuyos Estatutos los posibilitaban, algunas sin esa posibilidad. Con el ofrecimiento estatal de la adscripción de unidades del Cuerpo Nacional de Policía Nacional en otros casos. Margen para el debate.
Por otro lado, los corporativismos. La “tan querida amistad” entre los Cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional sobre la mesa. Y la recién aparecida, en aquellos momentos, e intensiva actividad de los Cuerpos de Policía Local. Más margen para el debate.
Era el año 1986, con competencias recién transferidas a la Comunidades Autónomas. Con los Guardas Forestales trabajando bajo el “paraguas protector” de gestores medioambientales incapaces de atisbar lo que se jugaba, indocumentados acerca de la protección y seguridad medioambiental. Los Guardas Forestales, salvo excepciones, tampoco estaban al tanto de lo que se estaba cociendo y menos aún tras años de tergiversación de la profesión.
Costó entrelazar las funciones de la policía local con las de la policía nacional y guardia civil pero el esfuerzo era obligado. Así, la propia Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su exposición de motivos establece de forma más que interesante: “Por lo que respecta a las funciones, dado que no existe ningún condicionamiento constitucional, se ha procurado dar a las Corporaciones Locales una participación en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, coherente con el modelo diseñado, presidido por la evitación de duplicidades y concurrencias innecesarias y en función de las características propias de los Cuerpos de Policía Local y de la actividad que tradicionalmente vienen realizando”.”Sin la distinción formal, que aquí no tiene sentido, entre competencias exclusivas y concurrentes, se atribuyen a las Policías Locales las funciones naturales y constitutivas de toda policía; recogiéndose como específica la ya citada ordenación, señalización y dirección del tráfico urbano; añadiendo la de vigilancia y protección de personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con los cometidos similares de los demás cuerpos policiales, y atribuyéndoles también las funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en materia de policía judicial y de seguridad ciudadana”.
La Ley encontraba soluciones aparentes para todos y estableció como indisoluble la seguridad pública y el carácter concurrente del ejercicio de la competencia sobre la misma, dentro del respeto a la autonomía de las distintas esferas de la Administración Pública. Para ello, proclama en su artículo 3 el principio de cooperación recíproca y de coordinación orgánica de todas las policías.
Así pues, la seguridad pública de este país quedó organizada y tuvo en cuenta cuanto de interés se propuso sobre la mesa. Una materia importante, para los que escribimos y para los que nos lean, quedó reflejada en el artículo 12.1.B).e). “Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza”. Estas competencias serían ejercidas por la Guardia Civil.
Nadie recordó en la Mesa de debate, suponemos, que existía personal transferido a las Comunidades con funciones exactamente iguales a las del artículo 12. Nadie debió explicar que en la mochila de traslado existía un Reglamento estatal de Guardería con artículos tan evidentes que bien hubieran merecido el estudio del legislador y quién sabe, tal vez la utilización de ese personal.
Dos años más tarde, en al año 88, el Cuerpo de la Guardia Civil creaba el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Sin duda el mandato de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvo todo que ver y sin duda también, mandato y SEPRONA estaban ya previstos en alguna cabeza bien ordenada y previsora de lo más alto del mencionado Cuerpo.
Mientras la Guardia Civil intentaba organizar su nueva Unidad y especializar a su manera a los miembros que la formaban, los Guardas Forestales, especializados desde su acceso, comenzaron a entender su situación. Allá donde la política entendía como intrusismo la existencia de medios policiales estatales se conformó más rápidamente una respuesta puramente forestal a la necesidad de seguridad medioambiental. Así, dispusieron el desarrollo de aquello de lo que disponían con sentido y sensatez. Por el contrario, en otros sitios se encontraron respuestas diferentes a aquella y distintas entre sí.  Todas ellas contrarias al sentido común, a la utilización policial de aquellos que representaban tales funciones.
La lógica de la utilización de los medios humanos disponibles por parte de la Administración que los poseía no parecía aplicarse y tuvieron que ser movimientos internos propios de los Agentes Forestales los que impulsaran y reclamaran su propia profesión.
El ejercicio del propio Servicio encomendado, la experiencia acumulada, la aplicación al trabajo del mandato legal propuesto ha ido llevando a los Agentes Forestales ante las mismas puertas a las que acuden aquellos integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir, los Servicios de Disciplina Ambiental de las Comunidades Autónomas, Locales y las Fiscalías Ambientales y Juzgados. Recordamos a todos nuestros compañeros que somos policía judicial y recordamos a ciudadanos y otros colectivos policiales que los somos desde el siglo XIX, según texto legal vigente.
Sin embargo, para los Agentes Forestales no se ha aplicado estatalmente aún ninguno de los principios básicos que deben tenerse en cuenta en la actividad policial. Se viene pidiendo en los últimos años nuestra inclusión en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en su caso, una Ley Estatal que regule las competencias y funciones de los Agentes. Cualquier movimiento jurídico debe ir en la dirección de la utilización de este capital humano, jamás hacia lo contrario.

Por eso, teniendo en cuenta los medios personales, la capacidad de esos medios, su especialización y la necesidad de que el medio ambiente esté convenientemente protegido, desde UNPOLF proponemos una Estructura de Seguridad Medioambiental adecuada, conforme a nuestro PROYECTO SINDICAL ,y con la única obligación de determinadas modificaciones jurídicas, tan necesarias como sensatas, tan sencillas como económicas. Queda demostrado que se han encontrado soluciones legales para coordinar policías de distintas administraciones con competencias semejantes. 

ESTRUCTURA DE SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPAÑOLA EN REFERENCIA A LOS AGENTES FORESTALES


·         Inclusión de los Agentes Forestales, con el término policía medioambiental o policía forestal, en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta inclusión establecerá a este colectivo como una policía específica medioambiental.


o   Se establecerá una base jurídica general que uniformice las competencias y funciones de todos los policías medioambientales, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que presten servicio.


·         Al tratarse de una policía medioambiental de las Comunidades Autónomas, estas deberán recoger en sus Estatutos tal hecho.


o   Se conformarán en Cuerpos específicos creados mediante Ley de la Comunidad.
o   La Ley establecerá criterios básicos de desarrollo orgánico y funcional de los mencionados Cuerpos.
o   Un Reglamento posterior desarrollará cuantas materias, obligaciones, necesidades, medios y derechos entienda la Comunidad en la que preste Servicio ese Cuerpo.


·         Los sistemas ya establecidos de coordinación estatal policial darán cabida a los representantes de la policía medioambiental.


o   Se unificarán o asemejarán medios de representación, vehículos oficiales, uniformidad y vestuario.