17 de noviembre de 2012

PROFESIÓN EN PELIGRO – RIESGO INMINENTE

Todos los Agentes Forestales que prestan servicio en la Comunidad de Madrid están al tanto de la situación general que vivimos y todos los Agentes deberíamos estar al tanto de la situación concreta que vive nuestra profesión.
La Ley 1/2002, de creación del Cuerpo de Agentes Forestales, establece con claridad que las funciones básicas y propias de los Agentes son policiales. Para facilitar su cumplimiento nos dota, también, de determinadas potestades jurídicas. Estas se complementan y completan con las citadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que copia tal cual la actual Ley de Montes.
El lento pero paulatino crecimiento experimentado por los diversos Cuerpos de Agentes Forestales ha abierto algunas grietas en colectivos anejos. Así, en su momento, los colectivos técnicos entendieron una provocación que nosotros nos dedicáramos a hacer nuestro trabajo y no el suyo como hasta entonces ocurría. El tiempo va poniendo a cada uno en su sitio.
Otros colectivos han visto acrecentado su corporativismo y utilizan toda su fuerza, que es mucha, para disponer la normativa en nuestra contra y usarla en su único provecho. En este caso, la Guardia Civil parece entender que únicamente ella puede proteger el medio ambiente español. Pruebas hay varias.
Ya sea en una cuestión general, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya sea en una cuestión concreta, la utilización de luminosos de prioridad azules, la Guardia Civil torpedea una y otra vez las necesidades jurídicas de los Agentes Forestales. Lo cierto es que ambas cuestiones son la misma cosa.
A día de hoy, un Agente Forestal tiene la misma disposición normativa, el suficiente armamento jurídico para desempeñar la labor de seguridad ambiental encomendada en las mismas condiciones que un Agente del SEPRONA. A este le habilita la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Al Agente Forestal numerosa normativa estatal y autonómica.
Durante el año pasado se inició la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en Castilla La Mancha se produjo el primer hecho lamentable del conflicto por la utilización de rotativos azules.
Los que esto escriben, advirtieron en su momento en la Comunidad de Madrid del destino final negativo a nuestros intereses que tomaba la modificación de la LECRIM. Advertimos, a la vez, donde estaba el problema, en el Ministerio del Interior. No parecieron entenderlo correctamente algunos y se empecinaron en buscar soluciones donde no podían encontrarse, en Medio Ambiente. Finalmente se entendieron los problemas en el Ministerio del Interior, en reunión con AEAFMA. De aquí salieron todos cuantos nos representan bien informados y asustados. El interlocutor que representaba al Ministro era y será un alto cargo de la propia Guardia Civil.
Eso sí, una conjunción de hechos permitió que el problema de la LECRIM y el de los rotativos quedara postergado pero, evidentemente, no solucionado. La normativa europea había establecido que los rotativos azules debían ser utilizados por todos los vehículos de emergencia y la convocatoria de elecciones generales paralizó la posible tramitación de la nueva LECRIM.
El Ministerio del Interior informó a AEAFMA, por escrito y a través del propio mando de la Guardia Civil, de las dos medidas a tomar para solucionar el asunto. La primera incidía en la tramitación de un Proyecto de Orden Ministerial de modificación de los Anexos correspondientes del Reglamento General de Vehículos, para aclarar que los vehículos oficiales de los Agentes Forestales y Medioambientales deberían utilizar la señal V-1 "Vehículo prioritario" de color azul. Recordemos la introducción en el Reglamento de Tráfico, en el Anexo II, punto D.13, que destinó la definición de vehículo policial únicamente a aquellos conducidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La segunda medida fue la de utilizar un criterio interpretativo amplio vía informe-dictamen de la Secretaria General Técnica de Interior para que pudiéramos continuar utilizando, mientras tanto, esos rotativos. En este mismo informe se proponía tanto la solución momentánea como el problema general y se observaba ya que nada había arreglado. Un informe que en cualquier momento podía ser pisoteado. Más aún por la Guardia Civil. Hoy ya sabemos que nada de aquello era cierto. Nada se había arreglado, realmente.
De nuevo al frente de todo ello, otra vez, la Guardia Civil. La de Castilla-La Mancha con los rotativos y la que habita y manda en el Ministerio del Interior, detrás. Dos años distintos, dos gobiernos de signo político diferente pero situaciones exactamente iguales.
Hay que empezar a ponerse ya en la tesitura de que nos pueden quitar nuestro carácter de policía judicial y de que no podremos utilizar rotativos azules o al menos rotativos que identifiquen nuestros vehículos como policiales. O incluso ningún rotativo porque no estamos incluidos en ese Reglamento de Tráfico.
No debe preocupar el medio ambiente de este país ni el servicio que prestan 6.000 policías especializados. Las informaciones que llegan vienen todas envueltas de la misma manera. De forma absolutamente negativa para el medio natural y para la prestación del mejor servicio por parte de los Agentes Forestales. No parece importarles eliminar las potestades de esos 6.000 policías medioambientales con tal de tomar la delantera en no se sabe qué.
¿Y a nosotros? ¿Nos importa?
UNPOLF se ha reunido a lo largo de este año con el presidente de la Comisión Vial del Congreso de los Diputados (Pere Macías i Arau, de CIU), con el Vicepresidente Primero de esa Comisión (Telmo Martín González, del PP) y con los portavoces en la Comisión de IP (Ascensión de las Heras) y UPyD (asistentes de Antonio Cantó). A todos ellos se les ha trasladado abiertamente el asunto.
Por supuesto, en determinados casos, el tema principal de conversación ha sido la modificación de la LECRIM y la necesidad lógica de mantener el carácter de policía judicial a los Agentes Forestales.
De momento, una cosa es el Congreso y otra el Ministerio del Interior. Pero a día de hoy la situación está muy sesgada hacia ese Ministerio y a quien allí habita. De nosotros dependerá igualar la coyuntura y volverla de nuestro lado, aquel en el cual 6.000 Agentes Forestales puedan ejercer su trabajo con todas las potestades necesarias.
Ya fue momento de tomar decisiones hace un año y alguien inconsecuente decidió dejarlo para otra ocasión. No se puede esperar mucho más. Conocemos claramente quien no quiere permitir el desempeño de nuestra profesión. ¿A qué esperamos?
 Para terminar, los Agentes Forestales deben integrarse en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así lo decidió ya AEAFMA hace cinco años y así debemos exigirlo hoy. No hay otro camino que ese.