30 de junio de 2012

UNPOLF INFORMA

 25 MEDIDAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CUERPO Y LA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

4ª.  SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Hace ya cinco años de aquello. La Comunidad de Madrid introducía un popurrí de medidas en una Ley denominada de “Medidas Urgentes”. Entre todas ellas, dos se aplicaban restrictivamente a la labor del Agente Forestal. Se eliminaba nuestro carácter de agente de la autoridad y se establecía en el ya tristemente famoso artículo 9, que los Agentes Forestales debían requerir autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada. La propia Comunidad daba marcha atrás respecto al primer asunto manteniendo nuestro carácter de Agentes de la Autoridad pocos días después. No ocurrió lo mismo con el segundo caso.

El 29 de octubre de 2007, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno presentaba ante el TC un Recurso de Inconstitucionalidad. El 20 de noviembre se admitía a trámite. Se personaba en el procedimiento el Senado allá por el 5 de diciembre y poco después la Asamblea de La Comunidad de Madrid y su Gobierno solicitaban la desestimación del Recurso y presentaban alegaciones.

El 2 de abril de 2008, mediante Auto 88/2008, el Tribunal Constitucional ratificaba la suspensión cautelar del artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid.

 No siendo este un asunto en el que la Comunidad de Madrid pueda hoy disponer esto o aquello, sí que de forma indirecta puso sobre la mesa una pregunta que aún debe contestarse y cuya respuesta determinará en parte o en casi todo lo que debe y puede ser nuestra profesión.

Es evidente que nuestras potestades jurídicas son la base sobre la que se argumenta a favor y en contra. Curiosamente esas potestades dirigieron el sentir del Gobierno de la Comunidad y permitieron, a la vez, la defensa de los Agentes Forestales y la fortaleza del Recurso.

Nuestras potestades, nuestras funciones son lo que tenemos. A partir de ellas generamos nuestro trabajo. Existen porque son la única forma de entender nuestra labor. Desde la Constitución Española hasta la última norma medioambiental quedan establecidos los intereses generales y específicos vinculados a la protección del medio ambiente. Esas normas deben articular vías eficaces de acción ante las actuaciones contrarias al ordenamiento forestal, estableciendo mecanismos de vigilancia y policía que nosotros representamos. 

Así viene a explicarse el Auto que ratificó la suspensión cautelar de aquel artículo. Así esperamos, y deseamos que sea pronto, que establezca la Sentencia definitiva del Tribunal Constitucional. 

Y de ahí, creemos y entendemos firmemente, algunos deberían tomar nota. Nuestra Jefatura que debe entender aún nuestras funciones, nuestra independencia ante otros colectivos y órganos, nuestra Dirección, nuestra Consejería, la Consejería de Medio Ambiente cuando se trate de protocolizar algo o cuando entienda que debe publicar algún texto legal y nosotros mismos, con nuestras claras contradicciones.

Quién sabe. Dicen que lo que no mata engorda.